He dado cuenta al Poder Ejecutivo de lo acordado por el supremo Congreso, para que se presente en él inmediatamente el general Miranda á dar cuenta de su conducta, según V. S. me comunica en su oficio de 6 del corriente.
Terrible es el conflicto en que se halla el Poder Ejecutivo con esta resolución, cuyas resultas considera, ó peligrosas á la causa común, ó degradantes á la armonía que debe conservarse entre las autoridades, y con que ha procurado proceder en cuanto le ha sido posible para no interrumpir con cuestiones extrañas el uso de sus facultades en beneficio público.
El general Miranda fue nombrado por el Poder Ejecutivo para mandar en jefe nuestras tropas contra los insurgentes de Valencia, y pacificar aquellos pueblos que, seducidos por nuestros enemigos, alteraron nuestra tranquilidad, y pusieron en riesgo nuestra libertad é independencia. A este grande objeto se unieron otras importantes consideraciones propias de nuestra situación y dignas de un gobierno que extendiendo sus miras á lo que debe esperarse y temerse, toma sus medidas y se proporciona para la seguridad general, sacrificándose á ella, y despreciando inconvenientes ó reparos que sólo detienen ó embarazan á los que encierran sus ideas en el estrecho círculo de la parcialidad.
Consideró el Poder Ejecutivo que la elección del general Miranda podía ocasionar quejosos, y se preparó para examinar con circunspección y prudencia el origen y designios de las quejas, á fin de no sacrificar ligeramente á ellas la utilidad y conveniencia de la patria. Para dirigir sus resoluciones tomó en sus manos aquella acertada regla de que las pasiones é intereses particulares deben ceder y callar en presencia del general y común, porque ignora los principios del gobierno de los pueblos el que embarazándose en pequeñeces, se desvía del objeto principal por atender á éstas.
El Poder Ejecutivo dio sus órdenes, tomó sus precauciones, comenzaron todos á obrar, y escrupuloso observador de las respectivas operaciones jamás ha perdido de vista un momento la empresa contra Valencia, ni la conducta del jefe y subalternos del ejército. Aun sin haberse tomado aquella ciudad, y estando aun la patria en su mayor peligro, impacientes las personalidades, ocasionaron quejas contra el general Miranda, y se introdujeron pretensiones importunas de consecuencias fatales.
Las despreció políticamente el Poder Ejecutivo, conducido de poderosas reflexiones, pero tomó prudente sus medidas para asegurarse de los hechos que merecían atención, y no exponer su responsabilidad hacia el Estado. No satisfechos los quejosos, y tol vez abusando de un gobierno suave y generoso que sacrifica su comodidad, sus placeres domésticos, y su existencia para desempeñar la pública confianza y servir á la patria con tantas fatigas, trabajos y pesares, redoblan sus maquinaciones, se visten de apariencias seductoras, figuran interesada la misma patria; y no pudiendo contrastar la firmeza, valor y constancia del Poder Ejecutivo, inventan recursos al Congreso, hacen á esta respetable Asamblea tribunal de apelaciones, la distraen de su instituto, la desvían de sus más nobles ocupaciones, y sorprendiéndola con escandalosos clamores, con desaforados gritos, y con teatrales gestos, la extraen una resolución revocatoria de las del Poder Ejecutivo, con que se conduciría el Estado á su desorden y ruina.
Creyó el Poder Ejecutivo instruir al Congreso de la frivolidad del origen y miras de las acusaciones contra el general Miranda, y verdaderamente sin otro objeto que éste, le pasó el expediente de Don Tomás Montenegro, en cuya declaración está más que manifiesta la importunidad con que se pretende separarle de las gravísimas atenciones que le ocupan en beneficio común, y que se le sacrifique á la pueril complacencia de algunos particulares, que cuando tuviesen justicia para quejarse oportunamente no la tienen para exponer la causa pública, ni para interceptar las altas miras con que el gobierno le mandó al ejército en ocasión tan apurada y peligrosa.
Lejos de conseguir su fin el Poder Ejecutivo, remitiendo ese expediente al Congreso, han preocupado sus oídos las quejas por diversas direcciones hasta obligarle á tomar una providencia que aunque su sinceridad y candor considera necesaria, tiene el Poder Ejecutivo por aventurada, y le es indispensable manifestar, que no puede verificarse la venida del general Miranda en estas circunstancias sin trastornar el objeto de su comisión, sin exponer la seguridad general, sin animar las inquietudes interiores, y sin una escandalosa desautorización del gobierno: es en su concepto un mal de incalculables males.
El Congreso desempeñando la primera y principal operación que le encargó el pueblo, nombró tres miembros depositarios del Poder Ejecutivo, y estos deben responder oportunamente de su administración: son en una palabra responsables de su conducta al Estado. Si sus providencias ordinarias estuviesen sujetas á la dependencia de apelaciones ó recursos al Congreso, presto sería, no un supremo administrador de sus leyes, sino un tribunal subalterno con que se confundirían los poderes, y todo se desordenaría, sumergiéndose el Estado en la arbitrariedad y despotismo. El Poder Ejecutivo sabe que no atacando las leyes fundamentales de la nación, debe dejársele gobernar independiente; porque de otra manera es imposible dirigir á su fin, ó hacer que ordenadamente se mueva la artificiosa y delicada máquina de la sociedad.
Notorio es que al Poder Ejecutivo se han dado las mismas ó iguales quejas contra el general Miranda, y debe suponerse que estando más que nadie en alcance de examinarlas y calificarlas, habrá proveído no sólo cuanto le haya parecido justo, sino también cuanto ha juzgado conveniente. Cuál es el fundamento con que puede desconfiarse de su acierto, probidad y prudencia? M lo pueden ser las acaloradas instancias de los que se quejan, ni la comparación de su responsabilidad con la del que gobierna y administra un Estado en ocasión tan recia.
El Poder Ejecutivo, pues, que responde a su administración no puede prestarse á que el general Miranda desampare ahora la comisión que tiene, sin protestar seriamente contra semejante providencia ante el pueblo venezolano y ante el mundo. No puede ser indiferente á los recursos desconocidos que se introducen actualmente en el Congreso, que al fin se convertirían en motines y desórdenes. No puede en fin sacrificar la existencia del Estado ó su tranquilidad á quejas particulares que tal vez tienen su principio en la ligereza, se nutren en las personalidades, crecen en el calor de las pasiones, y se proponen sin atender los males generales.
Vendrá tiempo en que el general Miranda rinda cuenta de su conducta política y militar sin riesgo del importante y preferente objeto con que el gobierno le mandó y detiene en Valencia: será juzgado si lo mereciere, y el Poder Ejecutivo está muy dispuesto á castigarle, si le encuentra culpado, á escarmentar á los criminales, si le calumnian, y a contener á cuantos intenten arruinar la patria por malicia, indiscreción ó imprudencia. Está dispuesto en fin á sacrificarse con decoro por semejante bien. Si no lo alcanza, tendrá á lo menos la gloria de haberlo intentado y procurado cuanto le ha sido posible.
Esto me manda el Poder Ejecutivo que conteste á V. S. para que se sirva trasmitirlo á la profunda consideración del supremo Congreso, asegurado de que V. S. pondrá de su parte cuanto le dicte su patriotismo, para que tan augusta asamblea se penetre de las razones expuestas, y de las que sólo se indican por no ser conveniente mayor explicación.
Dios guarde á V. S. m. a.
Caracas, 7 de septiembre de 1811.
Miguel J. Sanz.
Ciudadano secretario del Congreso